El objetivo principal de la propuesta es el dar respuesta a una de las demandas principales de las maestras y de los maestros durante el último sexenio, que es la eliminación de todos los elementos punitivos que convertían la legislación en materia educativa en una herramienta laboral en contra del magisterio.
Con la reforma aprobada por mayoría calificada, se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual legalizaba la violación de los derechos laborales de maestras y maestros.
Algunos temas pendientes
Durante el debate de la Reforma Educativa, y como parte de mi actividad como senadora de la República, presenté iniciativas y propuestas de las cuales algunas fueron retomadas, aunque otras aún son temas pendientes en los que debemos seguir trabajando.
Desde el mes de octubre presenté una propuesta para derogar la fracción IX del Artículo 3°, el cual otorgaba carácter constitucional al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), instrumento utilizado para la imposición de las evaluaciones punitivas. Esta propuesta fue retomada en la elaboración del dictamen de la reforma aprobada; sin embargo, como se alertó en las reservas presentadas, hay que pugnar porque el nuevo organismo, que ha sido criticado por especialistas, no repita la evaluación a los niveles de educación básica.
Aunque reconocemos lo valioso de incluir a la educación superior en el primer párrafo de la propuesta, abogamos porque dada la situación de crisis financiera por la que atraviesan 10 instituciones universitarias del país, era necesario dejar asentado en el texto constitucional que el recurso que se entregara a las universidades sería suficiente y progresivo; tal como lo promovimos desde el periodo legislativo pasado cuando presentamos una propuesta para impulsar la no regresividad presupuestal en el nivel superior de la educación.
Los avances de la reforma
Sin embargo, es necesario reconocer que esta propuesta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el pasado 12 de diciembre, también representa, más allá de la eliminación de lo punitivo, un avance al quitar del texto constitucional el dudoso concepto de "calidad", el cual ha servido para que los gobiernos neoliberales desmantelen a la escuela pública, e incorporen una visión netamente empresarial, sin considerar las necesidades sociales, pedagógicas y didácticas del Sistema Educativo Nacional.
Se recupera la idea referente a que la educación que otorgue el Estado deberá ser laica, universal, pública, gratuita e inclusiva y se incorpora que la educación inicial es un derecho de las y los niños. Además se agrega que la educación superior en nuestro país será gratuita.
En esta propuesta aprobamos que las y los niños tendrán derecho a que se les otorgue una educación que incorpore la perspectiva de género, impulsando desde el aula el país que queremos, en donde el nacer mujer no represente una desventaja en ningún sentido.
Igualmente, se establece que las y los niños, aparte de matemáticas y español, podrán estudiar educación sexual, ecología y filosofía; todos estos temas son de una gran importancia para formar a las futuras generaciones.
Esta propuesta incorpora una visión plurilingüe e intercultural, que reconoce las necesidades educativas particulares que tienen las comunidades indígenas. Como maestra trabajé en algunas comunidades rurales e indígenas y sé la importancia que este apartado tiene.
Finalmente, aunque aún hay mucho por hacer en materia educativa, pero hemos dado un paso en la recuperación de la escuela pública y la dignidad de los maestros.
