Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Es una pregunta simple y la respuesta debe ser igual de sencilla. No, el Gobierno no debería pagar la seguridad social de los periodistas porque no es su patrón; por el contrario, además de ser uno de sus principales agresores –al menos en México- el periodista debe mantener una clara distancia con las autoridades gubernamentales en todo sentido.
Por ello, el anuncio presidencial de otorgar el 25 por ciento de los recursos de la llamada publicidad oficial para otorgar seguridad social a los periodistas “independientes” del país debe tomarse con cautela por varias razones:
Primero
El programa anunciado en la “mañanera” no es novedoso. Ya existe en el IMSS y se denomina “Personas trabajadoras independientes” y está orientado a personas que tienen industrias familiares o trabajadores independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás personas no asalariadas. Para ellas, el IMSS ha dispuesto un esquema integral de Seguridad Social simplificado para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio de este sector de la población.
La diferencia es que en la propuesta para los periodistas, el pago de la cuota patronal recaería en la Secretaría de Gobernación y en el IMSS y no en los propios trabajadores como ocurre con el régimen para trabajadores independientes.
Segundo
Para el pago de las cuotas para la Seguridad Social de los Periodistas y actividades relacionadas con la profesión se destinaría el 25 por ciento del presupuesto destinado a la llamada publicidad oficial, recursos que son manejados con total discrecionalidad y empleados para premiar a quienes son afines a los gobiernos en turno. Para el 2022 se estima destinar alrededor de 750 millones de pesos.
Tercero
La decisión de calificar quién puede ser considerado “periodista” o realizar una labor relacionada con la profesión recaería en un Comité honorífico conformado por cinco personas. Este grupo de comunicadores, pertenecientes a medios afines al Gobierno de la República, decidirían si se otorgan los beneficios del programa o no, lo cual generará polémicas por varias razones, que mencionaré a continuación:
Para el Gobierno de la República, Roberto Toledo, colaborador del portal Monitor Michoacano, asesinado el 31 de enero de 2022 en el municipio de Zitácuaro, no era periodista, a pesar de que el director de este medio, Armando Linares, también asesinado semanas después, el 15 de marzo, afirmaba que realizaba funciones de camarógrafo y apoyo en las transmisiones informativas. Pese a ello, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, escribió en su cuenta de Twitter: “De acuerdo con investigaciones judiciales, el C. Roberto Toledo asesinado el día de hoy, se desempeñaba como auxiliar de un despacho de abogados, no como periodista. (…)” y por tanto, no forma parte de la lista oficial de periodistas asesinados en México.
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece en su artículo 2 la definición de “Periodista” y señala lo siguiente: “Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen”.
Por tanto, si Roberto Toledo realizaba trabajos de apoyo en un medio de comunicación se le debe considerar como periodista, tal y como lo han asumido las asociaciones y organizaciones nacionales e internacionales de protección a periodistas, pero eso no convenía al Gobierno de la República. Situaciones similares han ocurrido en contra de comunicadores comunitarios independientes, quienes han sido tratados incluso como delincuentes.
¿El ejército de youtubers afines al Gobierno de la República y defensores a ultranza de la 4T serán considerados como periodistas y, por tanto, beneficiados con el programa seguridad social?
Cuarto
De acuerdo con las estadísticas ofrecidas por el Gobierno de la República, sustentadas en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI (2020), en México existen 44, 364 “personas ocupadas como periodistas o en la locución”, de los cuales el 84.2 por ciento tiene un contrato que la relaciona a la empresa o institución donde desempeña su trabajo. El resto serían periodistas “independientes” o “free lance” que no tendrían acceso a los beneficios que ofrece estar inscritos al IMSS. Estas cifras no son totalmente confiables y deberían realizarse un diagnóstico preciso.
Quinto
Los verdaderos problemas que no atiende el Gobierno básicamente son tres:
1. Se mantiene la total discrecionalidad en el manejo del presupuesto de la llamada publicidad oficial que es manejada con total opacidad y sin criterios definidos y empleada para premiar, castigar, presionar e incluso chantajear a los medios y periodistas críticos. México incumple con todos y cada uno de los “Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión” recomendados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2. En México, se mantiene en niveles alarmantes la impunidad en agresiones y homicidios cometidos contra periodistas. De acuerdo con las propias cifras oficiales, en México el 87 por ciento de los asesinatos quedan impunes; mientras que el 50 por ciento de las agresiones son cometidas por servidores públicos según organizaciones internacionales.
3. La responsabilidad jurídica de otorgar seguridad social a periodistas y trabajadores relacionados con esta actividad recae en las empresas y, en dado caso, en los propios comunicadores. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías han surgido cientos de medios de comunicación registrados ante el SAT e incluso ante el CADPE –en el caso Michoacán- que obtienen recursos públicos pero no brindan seguridad social a sus empleados.
Por estas razones, el Gobierno no puede fungir como “patrón” de los periodistas “independientes”.
