/ lunes 27 de junio de 2022

Con FCH y EPN, los sexenios más violentos para la Iglesia Católica

Los homicidios de dos sacerdotes jesuitas, ocurridos en Chihuahua, son preocupantes pero no deben politizarse porque de ser así, tanto el PAN como el PRI, quedarían muy mal parados en ese tema. Es una desgracia lo que ocurrió en la Sierra Taraumara y ha expuesto la debilidad de la “estrategia” de seguridad del Gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador pero no significa que la comunidad religiosa se encuentre en riesgo, al menos no como lo estaban en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Las estadísticas muestran que en los últimos sexenios se ha registrado un incremento sustancial en el número de asesinatos contra integrantes de la Iglesia Católica, desde altos jerarcas –como el homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, hasta los homicidios de los dos jesuitas en la Sierra Taraumara.

De acuerdo con el documental “Tragedia y crisol del sacerdocio en México”, elaborado por el Centro Católico Multimedial, en México han sido asesinados al menos 70 religiosos en los últimos cinco sexenios; en la investigación se expone que en el sexenio de Ernesto Zedillo se registraron 3 homicidios; con Vicente Fox fueron 4 y durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa la cifra se incrementó a 17 sacerdotes asesinados, mientras que en el periodo del priísta Enrique Peña Nieto se incrementaron hasta 24, disminuyendo drásticamente durante la actual administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ya que antes de los homicidios cometidos contra los dos sacerdotes jesuitas, se tenía un registro de 5 clérigos asesinados.

Así que el verdadero problema no es el número de sacerdotes asesinados durante el actual sexenio; lo verdaderamente preocupante es lo que ha generado: hace tan solo un par de semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador proponía cambiarle el nombre a la región que forman los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa -conocida como el “triángulo dorado” o “triángulo de oro” por la cantidad de dinero que genera el narcotráfico- por “triángulo de la gente buena y de la gente trabajadora”.

Los asesinatos de los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas se encuentran muy cerca de esta región, de la que se ufanaba el Presidente López Obrador, pero que ahora reconocía que se encuentra asediada por grupos criminales claramente identificados pero que, al parecer, realizan sus actividades delictivas sin muchos problemas.

Muchos sacerdotes católicos, más allá de su labor pastoral, han orientado sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades, muchas de ellas asediadas por la violencia de grupos criminales, como ha ocurrido aquí en Michoacán. Un claro ejemplo de esto ha sido la labor realizada por el párroco Gilberto Vergara en Aguililla, quien pese a los graves problemas de inseguridad que padece la región, se ha mantenido firme y cercano a su grey.

Por ello, el Gobierno de la República y los gobiernos estatales y municipales no deben relajar sus esfuerzos por garantizar la seguridad de los sacerdotes, especialmente en las regiones de alta incidencia delictiva. Aunque el Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, no tenga reporte de amenazas en contra de algún sacerdote en la entidad, no sería inoportuno una reunión con las autoridades para descartar cualquier riesgo a su seguridad.

Aguililla con caminos destrozados

Y precisamente hablando de Aguililla, el sacerdote Gilberto Vergara ha expuesto su preocupación por la lentitud con la que van caminado los programas gubernamentales para “normalizar” la vida en la región. Un ejemplo de esto, dijo, son los caminos que comunican al municipio con Apatzingán y otras comunidades que se encuentran en un estado deplorable. Y, lo peor, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, no está previsto en un futuro cercano, atender el problema.

Desarme de autodefensas o canje de armas

Luego de la declaración vertida inicialmente por el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, referente al proceso de desarme “voluntario” en Michoacán y reforzada por el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se ha generado una duda razonable: ¿el anuncio implicará el desarme voluntario -o forzoso- de los grupos que mantienen retenes en carreteras y realizan “patrullajes” en comunidades o solo se trata del programa “Canje de armas” que lleva a cabo la Sedena en diversos estados del país de forma periódica?

Aclarar este anuncio es importante porque el primero significaría una medida radical, como ocurrió en mayo de 2014, pero que implicaría la aceptación implícita de la existencia de estos grupos; mientras que la segunda opción, solo se trataría de una medida preventiva pero totalmente inútil para resolver los problemas de violencia que padece el estado. Por lo pronto, nadie quiere acarar el asunto.

Los homicidios de dos sacerdotes jesuitas, ocurridos en Chihuahua, son preocupantes pero no deben politizarse porque de ser así, tanto el PAN como el PRI, quedarían muy mal parados en ese tema. Es una desgracia lo que ocurrió en la Sierra Taraumara y ha expuesto la debilidad de la “estrategia” de seguridad del Gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador pero no significa que la comunidad religiosa se encuentre en riesgo, al menos no como lo estaban en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Las estadísticas muestran que en los últimos sexenios se ha registrado un incremento sustancial en el número de asesinatos contra integrantes de la Iglesia Católica, desde altos jerarcas –como el homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, hasta los homicidios de los dos jesuitas en la Sierra Taraumara.

De acuerdo con el documental “Tragedia y crisol del sacerdocio en México”, elaborado por el Centro Católico Multimedial, en México han sido asesinados al menos 70 religiosos en los últimos cinco sexenios; en la investigación se expone que en el sexenio de Ernesto Zedillo se registraron 3 homicidios; con Vicente Fox fueron 4 y durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa la cifra se incrementó a 17 sacerdotes asesinados, mientras que en el periodo del priísta Enrique Peña Nieto se incrementaron hasta 24, disminuyendo drásticamente durante la actual administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ya que antes de los homicidios cometidos contra los dos sacerdotes jesuitas, se tenía un registro de 5 clérigos asesinados.

Así que el verdadero problema no es el número de sacerdotes asesinados durante el actual sexenio; lo verdaderamente preocupante es lo que ha generado: hace tan solo un par de semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador proponía cambiarle el nombre a la región que forman los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa -conocida como el “triángulo dorado” o “triángulo de oro” por la cantidad de dinero que genera el narcotráfico- por “triángulo de la gente buena y de la gente trabajadora”.

Los asesinatos de los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas se encuentran muy cerca de esta región, de la que se ufanaba el Presidente López Obrador, pero que ahora reconocía que se encuentra asediada por grupos criminales claramente identificados pero que, al parecer, realizan sus actividades delictivas sin muchos problemas.

Muchos sacerdotes católicos, más allá de su labor pastoral, han orientado sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades, muchas de ellas asediadas por la violencia de grupos criminales, como ha ocurrido aquí en Michoacán. Un claro ejemplo de esto ha sido la labor realizada por el párroco Gilberto Vergara en Aguililla, quien pese a los graves problemas de inseguridad que padece la región, se ha mantenido firme y cercano a su grey.

Por ello, el Gobierno de la República y los gobiernos estatales y municipales no deben relajar sus esfuerzos por garantizar la seguridad de los sacerdotes, especialmente en las regiones de alta incidencia delictiva. Aunque el Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, no tenga reporte de amenazas en contra de algún sacerdote en la entidad, no sería inoportuno una reunión con las autoridades para descartar cualquier riesgo a su seguridad.

Aguililla con caminos destrozados

Y precisamente hablando de Aguililla, el sacerdote Gilberto Vergara ha expuesto su preocupación por la lentitud con la que van caminado los programas gubernamentales para “normalizar” la vida en la región. Un ejemplo de esto, dijo, son los caminos que comunican al municipio con Apatzingán y otras comunidades que se encuentran en un estado deplorable. Y, lo peor, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, no está previsto en un futuro cercano, atender el problema.

Desarme de autodefensas o canje de armas

Luego de la declaración vertida inicialmente por el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, referente al proceso de desarme “voluntario” en Michoacán y reforzada por el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se ha generado una duda razonable: ¿el anuncio implicará el desarme voluntario -o forzoso- de los grupos que mantienen retenes en carreteras y realizan “patrullajes” en comunidades o solo se trata del programa “Canje de armas” que lleva a cabo la Sedena en diversos estados del país de forma periódica?

Aclarar este anuncio es importante porque el primero significaría una medida radical, como ocurrió en mayo de 2014, pero que implicaría la aceptación implícita de la existencia de estos grupos; mientras que la segunda opción, solo se trataría de una medida preventiva pero totalmente inútil para resolver los problemas de violencia que padece el estado. Por lo pronto, nadie quiere acarar el asunto.